La Justicia Federal lanzó una fuerte intimación contra el Poder Ejecutivo para que ponga fin a la parálisis en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le otorgó al Gobierno un plazo de dos semanas para que la normativa entre en vigencia efectiva a partir del próximo 4 de febrero, en un nuevo capítulo de la tensión entre los tribunales y la administración de Javier Milei.
En su resolución, el magistrado no solo fijó una fecha límite para la implementación, sino que además emplazó al Ministerio de Salud ya la Agencia Nacional de Discapacidad por un término de cinco días. En ese lapso, ambas entidades deberán presentar un informe detallado sobre el avance de los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento a lo sancionado por el Congreso de la Nación.
La causa se originó a partir de un proceso colectivo iniciado por dos padres de niños con discapacidad, el cual escaló hasta obtener un alcance nacional. Lo relevante del fallo actual es que el juez González Charvay decidió avanzar con la medida de cumplimiento incluso sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, donde se tramita actualmente una apelación por parte del Estado.
El conflicto legal tiene su origen en julio de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En aquel momento, el presidente Milei optó por vetar la norma de forma total, bajo el argumento de que la iniciativa ponía en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares innegociables de su programa económico.
Sin embargo, el Poder Legislativo logró reunir las mayorías necesarias para rechazar el veto presidencial, obligando al Ejecutivo a promulgar la normativa. En un movimiento controvertido, el oficialismo incluyó un artículo posterior para suspender la aplicación de la ley, alegando que el Congreso no había especificado las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos previstos.